Los vetos emitidos por el Ejecutivo del estado de Nuevo León al decreto de Ley que reforman la Ley de Protección Contra la Exposición al Humo del Tabaco que permite fumar en espacios cerrados y al decreto que crea la Ley de Participación Ciudadana, han creado una gran polémica, especialmente en el segundo caso, que se está prestando al abuso de medios de comunicación y actores políticos para engañar a la ciudadanía y ponerla en contra del Gobierno Independiente.
Los que desinforman y manipulan les dirán que la razón del veto es que el Bronco le teme a la Revocación del Mandato, pero no podría esto más falso, pues desde principios del año pasado él ha sido de los principales promotores de esta clase de figuras.
Como bien lo expresó el Secretario General de Gobierno, el verdadero motivo recae en que las leyes están plagadas de errores, pifias y violaciones jurídicas que vuelve inoperante su operación a raíz de los litigios que surgirían a raíz de ello en su momento.
Es por esto que validar una Ley inconstitucional sería demagógico y representaría un engaño a la gente, pues nunca podría beneficiarse de las figuras de participación ciudadana contenidas.
Es por ello que en dos semanas, el Ejecutivo presentará una iniciativa de Ley de Participación Ciudadana que esté a la altura de Nuevo León, en donde se corrijan todos los errores.
Termino exponiendo las diez pifias más graves encontradas por el grupo de abogados:
1. La revocación de mandato viola la Constitución Federal como lo determinan las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia.
2- La revocación de mandato viola el equilibrio de poderes, pues establece que el Congreso pueda iniciar el procedimiento en contra del Gobernador y Alcaldes, pero no viceversa.
3. Los diputados se autojuzgan para decidir si inician o no la revocación de mandato a ellos mismos.
4. Si se le revoca el mandato a un diputado, se queda su suplente y no pierde el escaño.
5. Se le imponen mayores restricciones a la iniciativa popular que las contenidas en la Constitución del Estado, lo cual representa un retroceso en el tema y viola el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
6. Permite que cualquier asociación civil, sin mayor limitación que tenga como objeto vigilar al Gobierno, tenga el derecho de fiscalizar y exigirle información al Ejecutivo del Estado, Municipios, organismos descentralizados y fideicomisos. A todos puede exigirle información, menos al mismo Congreso.
7. Establece obligaciones para el Tribunal Superior de Justicia sin modificar sus competencias constitucionales ni la Ley Orgánica respectiva.
8. El procedimiento de validación de firmas de la Consulta Popular viola el principio de certeza jurídica, pues no establece un procedimiento de verificación de la identidad de los solicitantes.
9. Obliga al ciudadano a ejercer sus derechos, coartando su derecho humano de libertad.
10. En resumen, los diputados violan el equilibrio de poderes porque se adjudican el desarrollo de la mayoría de los procedimientos de las figuras cuando debería ser un órgano independiente de los poderes en comento para evitar ser juez y parte.