(Originalmente publicado el 14 de enero de 2016 en: Monitor Político).

Después de leer los comentarios y opiniones negativas en torno al proceso de designación de quien habrá de ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), es mi deber moral como persona que participó en dicho proceso explicar su desarrollo para que los lectores que han sido malinformados, puedan tener claridad sobre los hechos, y entonces formar su propia opinión sin los sesgos provocados por algunos críticos y hasta participantes que se sometieron al proceso y únicamente después de no ser seleccionados, lo criticaron.

Partiendo de que la Constitución del Estado consagra la absoluta libertad del Gobernador a proponer como candidato a la Presidencia de la CEDHNL a quien desee, ante el Congreso del Estado, de manera absolutamente voluntaria, sin estar obligado a ello, a propuesta del Secretario General de Gobierno, el Ingeniero Jaime decidió instituir un proceso inédito a desarrollar de la mano de la ciudadanía y la sociedad civil para determinar las personas que éste habría de proponerle al Legislativo para dicho cargo.

Es así como se publica en el Periódico Oficial del Estado una convocatoria abierta a la ciudadanía para quienes tuvieran deseos de ser la próxima ‘ombudsperson’ de Nuevo León. Para que pudieran participar la mayor cantidad de personas, se exigieron los requisitos indispensables que establece la Constitución (E.g.: Título de Licenciatura en Derecho), así como sus currículos y planes de trabajo, para que el Comité Evaluador, en luz de las bases allí establecidas, tuviese gran flexibilidad para elegir.

Se inscribieron aspirantes hasta determinarse que 15 de ellos cumplían con los requisitos establecidos en la convocatoria, por lo que a todos ellos se les dio fecha y tiempo para exponer sus motivos y plan de trabajo en la CEDHNL.
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Fueron invitadas en buena medida organizaciones civiles y universidades de renombre en la entidad; unas aceptando formar parte del proceso inédito y otras declinando la invitación.

Así las cosas, se formó un Comité de 8 miembros: 3 representantes de la Secretaría General de Gobierno únicamente, 1 representante de las organizaciones civiles, y 4 representantes de las universidades; todos con acceso a una carpeta con los perfiles de los aspirantes. Cabe destacar que, en su conjunto, los organismos ajenos al propio gobierno representaron una mayoría absoluta en la votación, desplazando la voluntad gubernamental en la toma de decisión.

Destacando el alto nivel de algunos participantes después de las comparecencias, hasta se llegó a un empate en primer lugar, que en la última ronda, creada solo para tal propósito, tras 8 preguntas del Comité y 2 de la ciudadanía por medio de redes sociales (muy al estilo Bronco), se rompió el empate y hubo un ganador.

Todo es perfectible, pero partiendo del dedazo de las pasadas administraciones para su selección (que hasta donde yo recuerdo ni fue criticado), ¿siguen pensando que fue tan malo este ejercicio caracterizado por su transparencia, apertura y participación ciudadana? ​

(Originalmente publicado el 21 de noviembre de 2015 en: Monitor Político)

Se armonizan los poderes en Nuevo León.

Por más dolorosos que sean los tropiezos, siempre existe una enseñanza: Se identifica el error cometido, y se toman acciones para no repetirlo.

En el caso de nuestro estado, y siendo conservador con mis afirmaciones, puedo sostener que nunca habíamos experimentado una separación de poderes tan doctrinal. Y es que es la primera vez en nuestra historia que quien gobierna no tiene un grupo político de los mismos colores en el Congreso del Estado.

Esta ecuación inédita en la política de Nuevo León crea un nuevo paradigma político digno de utopías (y más considerando la cantidad de votos obtenidos por el Gobernador en las urnas), y como tal, acabamos de experimentar una de las primeras curvas de aprendizaje con la aprobación y vetos de la tenencia y la Ley de Coordinación Hacendaria.

Como todos recordamos, el Congreso comenzó por proponer la eliminación total de la tenencia el siguiente año. Ante esto, el Secretario General de Gobierno, Manuel González, acudió a reunirse con los líderes de las fracciones de los diputados a exponer de manera sucinta, pero concreta, la inviabilidad económica de eliminar este impuesto de tajo el primer año, ante la crisis financiera más grande que ha tenido Nuevo León.

Así, muy razonablemente, se acordó una eliminación gradual de la tenencia vehicular: En 2016 se pagaría el 60%, en 2017 el 30% y en 2018 ya habría quedado eliminada completamente.

En este orden de ideas, el Ejecutivo con mucho gusto dio a conocer la noticia, pues había sido promesa de campaña. El impacto financiero se había medido, y en los términos negociados era viable para todos.

Sin embargo, después del acuerdo el Congreso aprobó la creación de una nueva Ley de Coordinación Hacendaria.

A pesar de que contemplaba elementos positivos como la fijación de plazos, actualizaciones e intereses para evitar el famoso “jineteo de los recursos”, lo cual a todas luces se percibió como positivo por el Ejecutivo, también contemplaba el aumento en las transferencias de las participaciones federales a los municipios, así como la forzosa creación de fondos de apoyo.

El impacto adicional a las finanzas de dicha Ley obligó al Ejecutivo a romper con el acuerdo de la tenencia, pues la suma de ambas propuestas descuidaba irresponsablemente las arcas del estado, orillándolo a vetarlas para poder negociar la promulgación de ambas en términos que sí fueran viables después de hacer las corridas necesarias.

Y como dirán: El resto fue historia.

Se alcanzó una negociación digna de políticos responsables con excelentes resultados: Se elimina la tenencia gradualmente, se establecen candados para evitar el “jineteo” de recursos y se crean fondos de apoyo a los municipios.

​Felicidades, Nuevo León.

(Originalmente publicado el 10 de noviembre en: Monitor Político)

Si bien es algo que ya muchos sabemos a raíz de los antecedentes que datan desde los comicios electorales de este año, quisiera una vez más destacar el hecho de que los medios tradicionales de comunicación, en su mayoría, han demostrado un importante grado de hostilidad hacia el Gobierno del Estado a raíz de su nueva política de comunicación social de “ni un peso a las televisoras”.

Esto no solo ha implicado la magnificación de cualquier situación adversa de relevancia marginal del Gobierno frente a la opinión pública, así como la emisión de críticas implacables por parte de comentaristas, locutores y hasta editorialistas, sino también un preocupante silencio omisivo y ausencia de cobertura tanto de sucesos como de resultados obtenidos por las distintas dependencias al mando de Jaime Rodríguez.

¿Ustedes sabían que de los más de 300 autos reportados como robados en octubre, 229 fueron recuperados? ¿Sabían que a mediados del mes se capturó a un jefe de plaza de los Zetas en Nuevo León? ¿Qué existe un programa de audiencias públicas al que asiste cada una de las dependencias centrales, en donde todos los ciudadanos pueden ir a exponer sus problemáticas en el Salón Rojo del Palacio de Gobierno? No nos vayamos tan lejos ¿Sabían que desde el 4 de octubre se retiró el cerco que impedía el acceso al Palacio y que ahora cualquier persona puede entrar?

Si lo saben, estoy seguro que no es por la cobertura que le dieron las televisoras y ciertos medios de comunicación, pues fue nula. Todo parece indicar que los ciudadanos, tanto de Nuevo León como el resto que estén pendientes de nuestro Gobierno, tendrán que hacer uso de las herramientas nuevas, como las redes sociales, sitios de internet, de los canales oficiales como Radio y TV Nuevo León y de algunos pocos medios de comunicación tradicionales para poder estar al tanto de los logros estatales.

​Esto podría resultar alarmante a primera vista, pero bien sabe El Bronco que los verdaderos resultados no se observan en el periódico o la televisión sino que se perciben en las calles.