(Publicado originalmente en: El Norte)
Desde el auge del ser humano moderno, las motivaciones económicas trazan el rumbo y proyecciones de múltiples formas de gobierno para alcanzar un desarrollo óptimo.
En este caso, Escocia, una de las cuatro naciones que constituyen el Reino Unido, no es la excepción, pues debido a un acuerdo entre el Parlamento escocés y el del Reino Unido, éste realizará un referéndum el 18 de septiembre de este año, en relación a la independencia de dicha nación.
Ésta es lejos de ser la primera vez que se plantea políticamente la idea de que Escocia se vuelva un Estado soberano en relación al Reino Unido, especialmente después del descubrimiento de importantes yacimientos de petróleo en el Mar del Norte en 1970.
Este hecho dio origen a campañas políticas del Partido Nacional Escocés (principal fuerza política que ha impulsado la secesión escocesa), enfatizando cómo dicho descubrimiento podría beneficiar la economía nacional.
Ante el auge de este partido político, en 1979 se realizó un referéndum con fines de que Escocia tuviera su propio Parlamento y pudiera legislar en asuntos domésticos.
Debido a la falta de quórum en la votación, a pesar de que se obtuvo una mayoría en este sentido, no fue sino hasta 1997, cuando se realizó el referéndum por segunda vez, que se alcanzó el número de votantes necesario para que éste procediera, resultando en la creación de un Parlamento escocés electo que habría de controlar las políticas internas. Esto fue percibido como el ascenso de un peldaño en relación a la independencia de Escocia.
Ante la oposición de los partidos Laborista, Conservador y Liberal Demócrata, fue imposible que el Partido Nacional Escocés negociara un referéndum independentista con el Gobierno central hasta 2011, año en que dicho partido obtuvo la mayoría en el Parlamento escocés.
En 2012, el Gobierno central y el escocés, por medio del Acuerdo de Edimburgo, entre otras negociaciones, sentaron las bases para el referéndum que habría realizarse el 18 de septiembre de 2014.
Aunque la independencia de distintas entidades políticas en el mundo ha tenido un desarrollo importante en el derecho internacional, nos encontramos frente a una situación sin precedentes.
A diferencia del secesionismo de Quebec en relación a Canadá, de Kosovo en relación a Serbia, y de la reciente separación de Crimea respecto de Ucrania, seguida de su anexión a Rusia, en donde los Gobiernos centrales se opusieron enérgicamente a la separación, parece que el Reino Unido no se opone a que el Gobierno escocés plantee a sus ciudadanos la opción de separarse.
Incluso, varios políticos del Gobierno central han hecho alusión al derecho del pueblo escocés a la autodeterminación, principio consagrado de manera universal en la Carta de las Naciones Unidas, y reconocido por cortes internacionales.
Esto podría deberse a que, además de las implicaciones políticas derivadas, no resultan evidentes las repercusiones económicas que la independencia escocesa conllevaría para las economías británicas, pues si bien el Partido Nacional Escocés destaca los beneficios derivados de la explotación del gas y petróleo del Mar del Norte, pues el 64 por ciento de las reservas petroleras de la Unión Europea está en aguas escocesas, existen preocupaciones en relación a la incertidumbre que se generaría en torno a la estabilidad financiera de un nuevo Estado independiente, pudiendo ahuyentar la inversión extranjera, aunado al hecho de que Escocia habría que aumentar impuestos para mantener su deuda de 143 mil millones de libras esterlinas a niveles aceptables.
Es evidente que de manera posterior al referéndum, ambos Gobiernos habrían de negociar los términos de las ganancias energéticas, la distribución de la deuda, entre otras cuestiones, por lo que se entendería que el Reino Unido no se opusiera firmemente a dicha idea.
A pesar de las complicaciones que podrían surgir después del referéndum, el riesgo económico y los resultados no muy alentadores de las encuestas, encontramos que los anhelos de muchos durante 40 años se cristalizan en mecanismos jurídicos viables y legítimos, para dejar de existir meramente como "sueños de independencia".
Desde el auge del ser humano moderno, las motivaciones económicas trazan el rumbo y proyecciones de múltiples formas de gobierno para alcanzar un desarrollo óptimo.
En este caso, Escocia, una de las cuatro naciones que constituyen el Reino Unido, no es la excepción, pues debido a un acuerdo entre el Parlamento escocés y el del Reino Unido, éste realizará un referéndum el 18 de septiembre de este año, en relación a la independencia de dicha nación.
Ésta es lejos de ser la primera vez que se plantea políticamente la idea de que Escocia se vuelva un Estado soberano en relación al Reino Unido, especialmente después del descubrimiento de importantes yacimientos de petróleo en el Mar del Norte en 1970.
Este hecho dio origen a campañas políticas del Partido Nacional Escocés (principal fuerza política que ha impulsado la secesión escocesa), enfatizando cómo dicho descubrimiento podría beneficiar la economía nacional.
Ante el auge de este partido político, en 1979 se realizó un referéndum con fines de que Escocia tuviera su propio Parlamento y pudiera legislar en asuntos domésticos.
Debido a la falta de quórum en la votación, a pesar de que se obtuvo una mayoría en este sentido, no fue sino hasta 1997, cuando se realizó el referéndum por segunda vez, que se alcanzó el número de votantes necesario para que éste procediera, resultando en la creación de un Parlamento escocés electo que habría de controlar las políticas internas. Esto fue percibido como el ascenso de un peldaño en relación a la independencia de Escocia.
Ante la oposición de los partidos Laborista, Conservador y Liberal Demócrata, fue imposible que el Partido Nacional Escocés negociara un referéndum independentista con el Gobierno central hasta 2011, año en que dicho partido obtuvo la mayoría en el Parlamento escocés.
En 2012, el Gobierno central y el escocés, por medio del Acuerdo de Edimburgo, entre otras negociaciones, sentaron las bases para el referéndum que habría realizarse el 18 de septiembre de 2014.
Aunque la independencia de distintas entidades políticas en el mundo ha tenido un desarrollo importante en el derecho internacional, nos encontramos frente a una situación sin precedentes.
A diferencia del secesionismo de Quebec en relación a Canadá, de Kosovo en relación a Serbia, y de la reciente separación de Crimea respecto de Ucrania, seguida de su anexión a Rusia, en donde los Gobiernos centrales se opusieron enérgicamente a la separación, parece que el Reino Unido no se opone a que el Gobierno escocés plantee a sus ciudadanos la opción de separarse.
Incluso, varios políticos del Gobierno central han hecho alusión al derecho del pueblo escocés a la autodeterminación, principio consagrado de manera universal en la Carta de las Naciones Unidas, y reconocido por cortes internacionales.
Esto podría deberse a que, además de las implicaciones políticas derivadas, no resultan evidentes las repercusiones económicas que la independencia escocesa conllevaría para las economías británicas, pues si bien el Partido Nacional Escocés destaca los beneficios derivados de la explotación del gas y petróleo del Mar del Norte, pues el 64 por ciento de las reservas petroleras de la Unión Europea está en aguas escocesas, existen preocupaciones en relación a la incertidumbre que se generaría en torno a la estabilidad financiera de un nuevo Estado independiente, pudiendo ahuyentar la inversión extranjera, aunado al hecho de que Escocia habría que aumentar impuestos para mantener su deuda de 143 mil millones de libras esterlinas a niveles aceptables.
Es evidente que de manera posterior al referéndum, ambos Gobiernos habrían de negociar los términos de las ganancias energéticas, la distribución de la deuda, entre otras cuestiones, por lo que se entendería que el Reino Unido no se opusiera firmemente a dicha idea.
A pesar de las complicaciones que podrían surgir después del referéndum, el riesgo económico y los resultados no muy alentadores de las encuestas, encontramos que los anhelos de muchos durante 40 años se cristalizan en mecanismos jurídicos viables y legítimos, para dejar de existir meramente como "sueños de independencia".
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