(Originalmente publicado el 16 de enero de 2016 en: Monitor Político).

Los vetos emitidos por el Ejecutivo del estado de Nuevo León al decreto de Ley que reforman la Ley de Protección Contra la Exposición al Humo del Tabaco que permite fumar en espacios cerrados y al decreto que crea la Ley de Participación Ciudadana, han creado una gran polémica, especialmente en el segundo caso, que se está prestando al abuso de medios de comunicación y actores políticos para engañar a la ciudadanía y ponerla en contra del Gobierno Independiente.  

Los que desinforman y manipulan les dirán que la razón del veto es que el Bronco le teme a la Revocación del Mandato, pero no podría esto más falso, pues desde principios del año pasado él ha sido de los principales promotores de esta clase de figuras.

Como bien lo expresó el Secretario General de Gobierno, el verdadero motivo recae en que las leyes están plagadas de errores, pifias y violaciones jurídicas que vuelve inoperante su operación a raíz de los litigios que surgirían a raíz de ello en su momento.  

Es por esto que validar una Ley inconstitucional sería demagógico y representaría un engaño a la gente, pues nunca podría beneficiarse de las figuras de participación ciudadana contenidas.

Es por ello que en dos semanas, el Ejecutivo presentará una iniciativa de Ley de Participación Ciudadana que esté a la altura de Nuevo León, en donde se corrijan todos los errores.

Termino exponiendo las diez pifias más graves encontradas por el grupo de abogados:
1. La revocación de mandato viola la Constitución Federal como lo determinan las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia.
2- La revocación de mandato viola el equilibrio de poderes, pues establece que el Congreso pueda iniciar el procedimiento en contra del Gobernador y Alcaldes, pero no viceversa.
3. Los diputados se autojuzgan para decidir si inician o no la revocación de mandato a ellos mismos.
4. Si se le revoca el mandato a un diputado, se queda su suplente y no pierde el escaño.
5. Se le imponen mayores restricciones a la iniciativa popular que las contenidas en la Constitución del Estado, lo cual representa un retroceso en el tema y viola el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
6. Permite que cualquier asociación civil, sin mayor limitación que tenga como objeto vigilar al Gobierno, tenga el derecho de fiscalizar y exigirle información al Ejecutivo del Estado, Municipios, organismos descentralizados y fideicomisos. A todos puede exigirle información, menos al mismo Congreso.
7. Establece obligaciones para el Tribunal Superior de Justicia sin modificar sus competencias constitucionales ni la Ley Orgánica respectiva.
8. El procedimiento de validación de firmas de la Consulta Popular viola el principio de certeza jurídica, pues no establece un procedimiento de verificación de la identidad de los solicitantes.
9. Obliga al ciudadano a ejercer sus derechos, coartando su derecho humano de libertad.
​10. En resumen, los diputados violan el equilibrio de poderes porque se adjudican el desarrollo de la mayoría de los procedimientos de las figuras cuando debería ser un órgano independiente de los poderes en comento para evitar ser juez y parte.

(Originalmente publicado el 21 de noviembre de 2015 en: Monitor Político)

Se armonizan los poderes en Nuevo León.

Por más dolorosos que sean los tropiezos, siempre existe una enseñanza: Se identifica el error cometido, y se toman acciones para no repetirlo.

En el caso de nuestro estado, y siendo conservador con mis afirmaciones, puedo sostener que nunca habíamos experimentado una separación de poderes tan doctrinal. Y es que es la primera vez en nuestra historia que quien gobierna no tiene un grupo político de los mismos colores en el Congreso del Estado.

Esta ecuación inédita en la política de Nuevo León crea un nuevo paradigma político digno de utopías (y más considerando la cantidad de votos obtenidos por el Gobernador en las urnas), y como tal, acabamos de experimentar una de las primeras curvas de aprendizaje con la aprobación y vetos de la tenencia y la Ley de Coordinación Hacendaria.

Como todos recordamos, el Congreso comenzó por proponer la eliminación total de la tenencia el siguiente año. Ante esto, el Secretario General de Gobierno, Manuel González, acudió a reunirse con los líderes de las fracciones de los diputados a exponer de manera sucinta, pero concreta, la inviabilidad económica de eliminar este impuesto de tajo el primer año, ante la crisis financiera más grande que ha tenido Nuevo León.

Así, muy razonablemente, se acordó una eliminación gradual de la tenencia vehicular: En 2016 se pagaría el 60%, en 2017 el 30% y en 2018 ya habría quedado eliminada completamente.

En este orden de ideas, el Ejecutivo con mucho gusto dio a conocer la noticia, pues había sido promesa de campaña. El impacto financiero se había medido, y en los términos negociados era viable para todos.

Sin embargo, después del acuerdo el Congreso aprobó la creación de una nueva Ley de Coordinación Hacendaria.

A pesar de que contemplaba elementos positivos como la fijación de plazos, actualizaciones e intereses para evitar el famoso “jineteo de los recursos”, lo cual a todas luces se percibió como positivo por el Ejecutivo, también contemplaba el aumento en las transferencias de las participaciones federales a los municipios, así como la forzosa creación de fondos de apoyo.

El impacto adicional a las finanzas de dicha Ley obligó al Ejecutivo a romper con el acuerdo de la tenencia, pues la suma de ambas propuestas descuidaba irresponsablemente las arcas del estado, orillándolo a vetarlas para poder negociar la promulgación de ambas en términos que sí fueran viables después de hacer las corridas necesarias.

Y como dirán: El resto fue historia.

Se alcanzó una negociación digna de políticos responsables con excelentes resultados: Se elimina la tenencia gradualmente, se establecen candados para evitar el “jineteo” de recursos y se crean fondos de apoyo a los municipios.

​Felicidades, Nuevo León.