Dicho pacto contiene una pluralidad de acciones gubernamentales a realizarse desde la Presidencia, así como la presentación y eventual aprobación de reformas legislativas por parte de las bancadas parlamentarias, en distintos temas fundamentales, entre los cuales se destacan: la ampliación y afianzamiento de derechos de la sociedad, el impulso económico del país, el fortalecimiento en materia de seguridad y justicia, así como la persecución de la gobernabilidad y el fomento a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.[2]
Después de siete meses en vigor, encontramos que la utilidad del Pacto por México ha sido fundamentalmente el impulso de reformas legislativas en materias que habían quedado paralizadas en las cámaras por años. Se reformó la constitución en materia educativa, de telecomunicaciones (aún falta la legislación reglamentaria), ya se planteó la iniciativa de reforma financiera el mes pasado y en el siguiente período de sesiones del Legislativo, serán presentadas las iniciativas de reforma en materia fiscal y energética.
Aún sin emitir un juicio aún sobre el mérito y la sustancia de las reformas anteriormente mencionadas, pues su puesta en práctica y consecuente evaluación, que es lo que determinará su efectividad y beneficios, aún distan; puedo hacer, con seguridad, la siguiente afirmación: El Pacto por México ha resultado en una gobernabilidad que no se veía en México desde hace mucho años. El acuerdo entre los principales partidos políticos del país permite que exista un consenso generalizado en el Congreso de la Unión, que al conformar con una mayoría calificada adminiculada con el consenso presidencial, resulta en la posibilidad jurídica de realizar reformas legislativas a la constitución y a otros ordenamientos normativos inferiores por igual.
La posibilidad de este reducido grupo de personas para modificar nuestra legislación de esta forma resulta indubitablemente en una gobernanza efectiva en el plano jurídico. No obstante los beneficios en que dicha gobernabilidad pudiese resultar una vez puestas en práctica dichas reformas, ¿podemos de igual forma sostener que el marco en el que opera el Pacto por México es realmente democrático?
El Consejo Rector del Pacto por México está integrado por una pluralidad de actores políticos que representan al Gobierno Federal, al PAN, al PRI y al PRD; juntos, suman 21 consejeros. No obstante lo anterior, quienes representan al Gobierno Federal se encuentran subordinados a Enrique Peña Nieto, Presidente de la República; los de Acción Nacional a Gustavo Madero, Presidente Nacional del PAN; los del Revolucionario Institucional a César Camacho, Presidente del PRI y los del Sol Azteca a Jesús Zambrano, Presidente del PRD. Lo anterior refleja que en aunque el resto de los consejeros pueda aportar ideas y opiniones, términos reales, quienes operan el Pacto son cuatro personas.
Dicho consejo realiza sus actividades a puertas cerradas y sin el escrutinio ciudadano que habrían de tener en caso de que se realizaran en cualquiera de las Cámaras, pues las sesiones de las mismas son accesibles a la ciudadanía en general. Esto se agrava aún más en la medida en que las iniciativas enviadas al Legislativo son generalmente aprobadas por las bancadas de estos tres partidos sin mayor debate y discusión, pues el mismo ya se llevó a cabo por el reducido número de personas que integran el Consejo Rector del Pacto por México. Lo anterior priva a la ciudadanía de los beneficios intrínsecos al debate parlamentario, así como a la posterior deliberación ciudadana.
Otra deficiencia democrática es bien apuntada por John M. Ackerman[3] al decir que ninguno de los cuatro personajes que hoy intervienen en el Pacto por México, a excepción de Enrique Peña Nieto, cuentan con una representación ciudadana, pues no han sido electos por medio de una votación democrática, universal y directa. Si a esto sumamos la generalizada pasividad legislativa[4] respecto de las iniciativas enviadas por el Pacto por México a las cámaras, nos encontramos con que la representatividad democrática de las mismas es casi nula.
El sistema de representación democrática constitucional funciona de la siguiente manera: En la Cámara de Diputados, los 300 legisladores electos por mayoría relativa representan cada uno a los miembros del distrito electoral que los votó; las restantes dos centenas de diputados, electas por la vía plurinominal, son repartidas entre los partidos políticos en proporción a los votos recibidos, para que de esta forma los ideales de los partidos minoritarios logren ser representados en el Congreso y éste tenga una composición más plural, sin que la representatividad de los partidos mayores se vea diluida. En la Cámara de Senadores, los 96 legisladores electos por mayoría relativa representan cada uno a las entidades federativas en las que fueron electos y los 32 restantes, plurinominales, siguen el mismo razonamiento representativo que los diputados electos también por esta vía.
Expuesto lo anterior, podemos afirmar que el mecanismo en que opera el Pacto por México va en absoluto contrasentido a la ratio del sistema de representación democrática reconocido en la Constitución Federal, respecto del Poder Legislativo: La ciudadanía no está siendo representada en virtud de los 300 distritos electorales, pues el actuar de los diputados en virtud del Pacto es mecánico y los intereses de los ciudadanos que habrían de representar activamente, jamás son considerados. La ciudadanía no está siendo representada en función a las entidades que conforman la federación, pues de forma análoga a la anteriormente expuesta, su actuar se limita a aprobar la iniciativa del pacto sin discutirla ni modificarla. Para terminar, tampoco está siendo escuchada la voz de los partidos minoritarios, pues a excepción del Partido Verde Ecologista de México, ningún otro es signatario del Pacto por México.
Además de las declaraciones del grupo de Ernesto Cordero y Miguel Barbosa en el Senado respecto a la presentación de una iniciativa de reforma política al margen del Pacto[5], se destacan otras eventualidades que ponen la estabilidad y permanencia de dicho acuerdo político en riesgo.
Por un lado, a cuatro días del clímax de los comicios electorales que se desenvuelven en 14 Estados de la República, la tensión generada entre los líderes que conforman el Pacto por México es muy elevada. Hay acusaciones serias por parte de los presidentes del PAN y PRD respecto a las irregularidades en los comicios que atribuyen al PRI[6], así como una denuncia presentada por el PRI en la que se acusa al gobierno panista de Baja California de desviar recursos para patrocinar su campaña en esa misma entidad.[7] Ambos dirigentes de PRI y el PAN reconocieron que el Pacto podría romperse.
Por otro lado, se avecina la presentación de la reforma energética, misma que podría también truncar el Pacto por México, pues todo apunta a que el Presidente de la República, con el natural respaldo en su partido, incluya en la reforma la posibilidad de que entre capital privado a PEMEX[8], hecho al que se oponen tajantemente altos líderes del PRD, quienes rechazaron la posibilidad de reformar el artículo 27 de la Constitución[9], mismo que actualmente impide la participación directa de capital privado en su explotación. Por el mantra histórico que ha tenido el PRD en este tema, la discusión podría no muy difícilmente resultar en un impase que ponga fin al Pacto por México.
Considero que después de analizar y exponer el funcionamiento del Pacto por México, incluyendo sus fortalezas desde la óptica de gobernabilidad, debilidades en materia democrática y los riesgos que enfrenta a corto plazo, debemos reflexionar si es conveniente para México y sus ciudadanos continuar con un sistema en el que sólo cuatro personas, tres de los cuales no son electos por el pueblo, dirigen y toman las decisiones legislativas más importantes de la Federación. Si la respuesta es sí, ¿entonces para qué mantener un aparato legislativo de 628 legisladores que nos cuesta miles de millones de pesos al año? Si la respuesta es no, ¿qué esperamos para exteriorizar nuestro desacuerdo?
Por una mejor democracia, hay trabajo que hacer.
-Javier Náñez Pro
[1] Milenio. <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/7d97ccec10baf5f29e3d096cffa95826> Fecha de consulta: Julio 2, 2013.
[2] Documento íntegro del Pacto por México <http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO-25.pdf> Fecha de consulta: Julio 2, 2013.
[3] Artículo de la Revista Proceso, en línea: “Pacto por México: acto fallido.” <http://www.proceso.com.mx/?p=326808> Fecha de consulta: Julio 2, 2013.
[4] Sólo unas cuantas personas han opuesto resistencia públicamente al Pacto por México.
El ex coordinador del PAN en el Senado, Ernesto Cordero, arremetió contra el Pacto por México criticando el hecho de que las iniciativas son presentadas al Congreso pidiendo que las avalen sin modificaciones. De forma análoga, pero con moderación, se sumó el coordinador de los senadores del PRD en el Senado, Miguel Barbosa. (ADN Político. <http://www.adnpolitico.com/congreso/2013/05/15/cordero-critica-a-pacto-por-mexico-negocia-en-lo-oscurito> Fecha de consulta Julio 2, 2013.)
[5] Loc. Cit.
[6] CNN México. <http://mexico.cnn.com/nacional/2013/07/01/el-pacto-por-mexico-esta-en-riesgo-de-romperse-tras-las-elecciones-pan> Fecha de Consulta: Julio 3, 2013.
[7] ADN Político. <http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/07/01/el-pri-denuncia-desvio-de-1350-mdp-a-favor-del-pan-en-bc> Fecha de Consulta: Julio 3, 2013.
[8] Noticias MVS. <http://noticiasmvs.com/#!/noticias/reta-ebrard-a-epn-a-un-debate-sobre-pemex-38.html> Fecha de Consulta: Julio 3, 2013.
[9] ADN Político. <http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/06/25/el-prd-pide-a-pena-nieto-a-difundir-su-plan-energetico> Fecha de Consulta: Julio 3, 2013.