(Originalmente publicado en: El Norte)
Los casos de violaciones graves a derechos humanos parecen ser generalizados y periódicamente sostenidos cuando se trata de la intervención de militares en asuntos de seguridad pública domésticos.
Así fue exhibido recientemente en Tlatlaya, donde 22 civiles fueron ejecutados tras un enfrentamiento; hace unos años con los estudiantes del Tec asesinados en las puertas de su escuela; e incluso en los sonados casos de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en un retén militar, e Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas guerrerenses torturadas y violadas por militares en 2002, ambos casos por los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano.
A pesar de los oscuros antecedentes, los Gobiernos de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como los Alcaldes del área metropolitana de Monterrey, en colaboración con la Sedena, recientemente acordaron la creación de una Policía Militar, conformada por cuatro batallones de 800 militares que radicarían en la Séptima Zona Militar.
A la luz de las declaraciones hechas por el vocero estatal, Jorge Domene, parece que los miembros de esta corporación serían soldados (con adiestramiento de esta clase) que tendrían las funciones de cualquier policía, como patrullar la ciudad y zonas rurales, intervenir en conflictos, realizar detenciones y coadyuvar con el Ministerio Público.
Parecen cuestionables las razones detrás de esta iniciativa, pues ni la falta de legitimación que habría de restaurarles la creación de una corporación de esta clase, ni lo que dispone la Constitución en su Artículo 129, han impedido que desde que inició "la guerra contra el narco" los militares como quiera ejecuten funciones policiales y por esa irregularidad violen nuestros derechos a diario con total impunidad.
Si esta iniciativa se realiza en aras de "regularizar" la actuación de los militares, no parece que se esté haciendo un buen trabajo, pues nuestros legisladores fueron omitidos completamente del proyecto, al dejar de lado las modificaciones legislativas necesarias para su implementación.
Esto abre la posibilidad a que las detenciones que realice la Policía Militar sean calificadas de ilegales, pues la irregularidad normativa mencionada anteriormente provoca un fuerte vicio de origen; ¿o será que este grupo "no tomará prisioneros"?
Antier se reunieron funcionarios de seguridad de varias entidades en el Palacio de Gobierno para analizar la implementación del modelo de Fuerza Civil en sus Estados, pues éste ha sido loado reiteradamente por el Gobierno federal, ya que desde su creación se ha disminuido la incidencia delictiva en Nuevo León. Modificar esta ecuación que se nos ha vendido a la ciudadanía como la más efectiva sería discordante.
Por otro lado, la iniciativa de Policía Militar aparenta ser una acción más destinada a centralizar el poder en México.
Aunque la Constitución dicta una federación, se han tomado acciones indirectas que de facto empequeñecen a los Gobiernos locales.
Desde hace años las entidades sostienen convenios de coordinación fiscal que las vuelven económicamente dependientes del Gobierno federal, recientemente se redistribuyeron las competencias en materia electoral para que un solo organismo coordine todos los niveles de elecciones del País, y ahora, por medio de la Sedena, el Gobierno federal intervendrá activamente en asuntos de seguridad.
El control económico, político y ahora militar de la Federación vuelve totalmente ilusoria la autonomía estatal.
Honestamente, aterra que personal castrense, poseedor de armas de calibre inaccesible para la ciudadanía, conocedor de cuestionables técnicas para
obtener información y educado militarmente, cuando los antecedentes demuestran que por años este grupo ha estado por encima de la ley, opere sin controles jurídicos y por tiempo indefinido en la Ciudad donde vivimos.
Los casos de violaciones graves a derechos humanos parecen ser generalizados y periódicamente sostenidos cuando se trata de la intervención de militares en asuntos de seguridad pública domésticos.
Así fue exhibido recientemente en Tlatlaya, donde 22 civiles fueron ejecutados tras un enfrentamiento; hace unos años con los estudiantes del Tec asesinados en las puertas de su escuela; e incluso en los sonados casos de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en un retén militar, e Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas guerrerenses torturadas y violadas por militares en 2002, ambos casos por los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano.
A pesar de los oscuros antecedentes, los Gobiernos de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como los Alcaldes del área metropolitana de Monterrey, en colaboración con la Sedena, recientemente acordaron la creación de una Policía Militar, conformada por cuatro batallones de 800 militares que radicarían en la Séptima Zona Militar.
A la luz de las declaraciones hechas por el vocero estatal, Jorge Domene, parece que los miembros de esta corporación serían soldados (con adiestramiento de esta clase) que tendrían las funciones de cualquier policía, como patrullar la ciudad y zonas rurales, intervenir en conflictos, realizar detenciones y coadyuvar con el Ministerio Público.
Parecen cuestionables las razones detrás de esta iniciativa, pues ni la falta de legitimación que habría de restaurarles la creación de una corporación de esta clase, ni lo que dispone la Constitución en su Artículo 129, han impedido que desde que inició "la guerra contra el narco" los militares como quiera ejecuten funciones policiales y por esa irregularidad violen nuestros derechos a diario con total impunidad.
Si esta iniciativa se realiza en aras de "regularizar" la actuación de los militares, no parece que se esté haciendo un buen trabajo, pues nuestros legisladores fueron omitidos completamente del proyecto, al dejar de lado las modificaciones legislativas necesarias para su implementación.
Esto abre la posibilidad a que las detenciones que realice la Policía Militar sean calificadas de ilegales, pues la irregularidad normativa mencionada anteriormente provoca un fuerte vicio de origen; ¿o será que este grupo "no tomará prisioneros"?
Antier se reunieron funcionarios de seguridad de varias entidades en el Palacio de Gobierno para analizar la implementación del modelo de Fuerza Civil en sus Estados, pues éste ha sido loado reiteradamente por el Gobierno federal, ya que desde su creación se ha disminuido la incidencia delictiva en Nuevo León. Modificar esta ecuación que se nos ha vendido a la ciudadanía como la más efectiva sería discordante.
Por otro lado, la iniciativa de Policía Militar aparenta ser una acción más destinada a centralizar el poder en México.
Aunque la Constitución dicta una federación, se han tomado acciones indirectas que de facto empequeñecen a los Gobiernos locales.
Desde hace años las entidades sostienen convenios de coordinación fiscal que las vuelven económicamente dependientes del Gobierno federal, recientemente se redistribuyeron las competencias en materia electoral para que un solo organismo coordine todos los niveles de elecciones del País, y ahora, por medio de la Sedena, el Gobierno federal intervendrá activamente en asuntos de seguridad.
El control económico, político y ahora militar de la Federación vuelve totalmente ilusoria la autonomía estatal.
Honestamente, aterra que personal castrense, poseedor de armas de calibre inaccesible para la ciudadanía, conocedor de cuestionables técnicas para
obtener información y educado militarmente, cuando los antecedentes demuestran que por años este grupo ha estado por encima de la ley, opere sin controles jurídicos y por tiempo indefinido en la Ciudad donde vivimos.
RSS Feed
