Javier N. Pro - Sitio Oficial
  • Inicio
    • Acerca del autor
    • Entrevistas
  • Libros
    • La Redención del Asesino
  • Columna
  • Currículum Vitae
  • Investigaciones
  • Contacto

Militarización del norte

30/10/2014

0 Comments

 
(Originalmente publicado en: El Norte)

Los casos de violaciones graves a derechos humanos parecen ser generalizados y periódicamente sostenidos cuando se trata de la intervención de militares en asuntos de seguridad pública domésticos.

Así fue exhibido recientemente en Tlatlaya, donde 22 civiles fueron ejecutados tras un enfrentamiento; hace unos años con los estudiantes del Tec asesinados en las puertas de su escuela; e incluso en los sonados casos de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en un retén militar, e Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas guerrerenses torturadas y violadas por militares en 2002, ambos casos por los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano.

A pesar de los oscuros antecedentes, los Gobiernos de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como los Alcaldes del área metropolitana de Monterrey, en colaboración con la Sedena, recientemente acordaron la creación de una Policía Militar, conformada por cuatro batallones de 800 militares que radicarían en la Séptima Zona Militar.

A la luz de las declaraciones hechas por el vocero estatal, Jorge Domene, parece que los miembros de esta corporación serían soldados (con adiestramiento de esta clase) que tendrían las funciones de cualquier policía, como patrullar la ciudad y zonas rurales, intervenir en conflictos, realizar detenciones y coadyuvar con el Ministerio Público.

Parecen cuestionables las razones detrás de esta iniciativa, pues ni la falta de legitimación que habría de restaurarles la creación de una corporación de esta clase, ni lo que dispone la Constitución en su Artículo 129, han impedido que desde que inició "la guerra contra el narco" los militares como quiera ejecuten funciones policiales y por esa irregularidad violen nuestros derechos a diario con total impunidad.

Si esta iniciativa se realiza en aras de "regularizar" la actuación de los militares, no parece que se esté haciendo un buen trabajo, pues nuestros legisladores fueron omitidos completamente del proyecto, al dejar de lado las modificaciones legislativas necesarias para su implementación.

Esto abre la posibilidad a que las detenciones que realice la Policía Militar sean calificadas de ilegales, pues la irregularidad normativa mencionada anteriormente provoca un fuerte vicio de origen; ¿o será que este grupo "no tomará prisioneros"?

Antier se reunieron funcionarios de seguridad de varias entidades en el Palacio de Gobierno para analizar la implementación del modelo de Fuerza Civil en sus Estados, pues éste ha sido loado reiteradamente por el Gobierno federal, ya que desde su creación se ha disminuido la incidencia delictiva en Nuevo León. Modificar esta ecuación que se nos ha vendido a la ciudadanía como la más efectiva sería discordante.

Por otro lado, la iniciativa de Policía Militar aparenta ser una acción más destinada a centralizar el poder en México.

Aunque la Constitución dicta una federación, se han tomado acciones indirectas que de facto empequeñecen a los Gobiernos locales.

Desde hace años las entidades sostienen convenios de coordinación fiscal que las vuelven económicamente dependientes del Gobierno federal, recientemente se redistribuyeron las competencias en materia electoral para que un solo organismo coordine todos los niveles de elecciones del País, y ahora, por medio de la Sedena, el Gobierno federal intervendrá activamente en asuntos de seguridad.

El control económico, político y ahora militar de la Federación vuelve totalmente ilusoria la autonomía estatal.

Honestamente, aterra que personal castrense, poseedor de armas de calibre inaccesible para la ciudadanía, conocedor de cuestionables técnicas para 
obtener información y educado militarmente, cuando los antecedentes demuestran que por años este grupo ha estado por encima de la ley, opere sin controles jurídicos y por tiempo indefinido en la Ciudad donde vivimos.
0 Comments

Alcohol y prisión

13/10/2014

0 Comments

 
Tras la desdicha vial de hace poco, en la que un oficial de Tránsito arrolló a varios ciclistas mientras manejaba bajo el influjo del alcohol, la opinión pública condenó enérgicamente los hechos.

Aprovechando este sentimiento popular, el Gobierno de Nuevo León propuso endurecer las penas a los conductores ebrios homicidas, asegurándoles una condena de prisión mediante una iniciativa de reforma a nuestra legislación penal.

¿Será el endurecimiento de las penas la forma más efectiva de combatir esta problemática?

¿O es sólo una movida política en vísperas de las elecciones del 2015 que aprovecha la sed de justicia popular para proponer una solución fácil que dista mucho de ser la idónea para atacar de fondo esta problemática?

Al respecto, es oportuno mencionar el contexto penitenciario.

En el 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó un informe sobre la situación de los penales en Nuevo León. Los resultados distan del mínimo aceptable.

Existe una sobrepoblación penitenciaria de más del 50 y 25 por ciento en los penales del Topo Chico y Apodaca, respectivamente.

El hacinamiento es generalizado, llegando a superar hasta por el triple el número de internos que las camas disponibles.

No existe una separación por estatus judicial de los internos, conviviendo los procesados con los sentenciados (situación totalmente inconstitucional).

Una bancada legislativa local propone centros especiales para los conductores ebrios homicidas, pero debe ser prioritaria la separación que marca la Constitución.

Esto se agrava sustancialmente cuando, de acuerdo con la Ley de Seguridad Pública, debe haber dos custodios por cada 10 internos en los penales.

En el caso del Topo Chico, hay 75 custodios cuando debería haber mil 015 por lo menos, y en Apodaca hay 31, cuando debería haber 349.

No sorprende la ausencia de control de los reclusos en los penales, y que el autogobierno de los mismos delincuentes provoque que las prisiones sean auténticas escuelas del delito y módulos de reclutamiento para la delincuencia organizada, provocando el efecto opuesto al pretendido en lo que deberían ser centros de readaptación social.

No obstante, nuestros políticos siguen proponiendo iniciativas que endurecen las penas de los delitos y suprimen la posibilidad de la utilización de penas alternativas a las de prisión, lo cual, además de agravar la crisis penitenciaria que vivimos, contraviene la esencia del nuevo sistema penal acusatorio, el cual reserva la privación de la libertad a casos excepcionales.

Con esta iniciativa en particular, tenemos a una persona que posiblemente sufre de una enfermedad (alcoholismo, al parecer bastante común), quien al enviarla a prisión pasará de ser un simple irresponsable a un delincuente organizado en potencia al momento de purgar su pena y ser puesto en libertad. ¿En dónde está el beneficio de esto?

¿Realmente se asustarán las personas que conducen bajo el influjo de sustancias psicotrópicas con esta reforma al grado en que resulte en un desincentivo considerable?

En caso de así serlo, ¿será mayor el beneficio obtenido que el perjuicio causado al saturar aún más las prisiones y creando delincuentes organizados en potencia?

La problemática no recae en la ausencia de leyes para sancionar a los que cometen esta conducta.

El homicidio culposo a cargo de personas en estado de ebriedad ya está tipificado, así como conducir en dicho estado ya se encuentra sancionado por los reglamentos de Tránsito, contemplando multas considerables y arrestos administrativos hasta por 36 horas.

Las consecuencias que las leyes actualmente prevén ya son lo suficientemente indeseables para que las personas no cometan esta conducta.

El problema es que esas sanciones pocas veces se materializan porque las leyes raramente se aplican.

Mientras prevalezcan los sobornos generalizados a agentes de Tránsito y no se tomen medidas de prevención efectivas para combatir esta práctica alarmantemente común en el Estado, difícilmente se resolverá esta problemática de raíz.

Cualquier solución que no contemple estas cuestiones es mera demagogia. No se dejen engañar.
0 Comments

    Archives

    June 2017
    February 2016
    January 2016
    December 2015
    November 2015
    September 2015
    July 2015
    June 2015
    May 2015
    April 2015
    January 2015
    December 2014
    October 2014
    September 2014
    July 2014
    June 2014
    March 2014
    February 2014
    August 2013
    July 2013
    April 2013
    December 2012
    October 2012
    September 2012
    August 2012
    June 2012
    May 2012
    March 2012
    February 2012
    November 2011
    September 2011

    Categories

    All
    Actualidad
    CADHAC
    Candidatos Independientes
    Carmen Aristegui
    CEDH
    Chapo Guzman
    Conasami
    Congreso De La Unión
    Congreso Del Estado
    Crimea
    Crónica
    Derecho
    Derecho Constitucional
    Derecho Electoral
    Derechos Humanos
    Diputados
    Elba Esther Gordillo
    El Bronco
    Elecciones
    Elecciones Nuevo Leon
    Elecciones Nuevo León
    Endurecimiento De Penas
    Escocia
    Estado Islámico
    Estados Unidos
    Fernando Elizondo
    Financiamiento Público
    Francia
    Gobierno Del Estado
    Guerra
    Historia
    Ilegalidad
    Impuestos
    Internacional
    ISIS
    Ivonne Alvarez
    Jaime Rodríguez
    Ley De Participación Ciudadana
    Ley De Participación Ciudadana
    Libertad De Expresión
    Nuevo Leon
    Nuevo León
    Pacto Por México
    PAN
    Paquete Económico 2016
    Participación Ciudadana
    Participación Ciudadana
    Partido Del Trabajo
    Partidos Políticos
    Partidos Políticos
    Penal
    Peña Nieto
    Penitenciario
    Periodismo
    Política
    Política Internacional
    PRD
    Predial
    PRI
    Prisión
    Rebeca Clouthier
    Reforma Constitucional
    Reforma Energética
    Reforma Hacendaria
    Reforma Laboral
    Revocación De Mandato
    Revocación De Mandato
    Rusia
    Salario Mínimo
    San Pedro
    Secretaría General De Gobierno
    Separación De Poderes
    Sindicato
    Siria
    Televisoras
    Terrorismo
    Ugo Ruiz
    Universidades
    Veto

    RSS Feed

Powered by Create your own unique website with customizable templates.