Parece que a pocos de los partidos políticos les cayó en gracia el triunfo de los independientes el 7 de junio. Especialmente les alarmó el caso de Nuevo León, en donde Jaime Rodríguez obtuvo más votos que la suma de los recibidos por los candidatos a Gobernador de todos los partidos juntos.
Fue tan grande la alarma que esta primera ola independiente de México causó a nivel nacional, que en menos de tres meses después de los comicios, los partidos políticos (en su gran mayoría) ya aprobaron (des)reformas electorales que dificultan (y en algunos casos imposibilitan) la facultad de que los ciudadanos participen en la contienda como candidatos independientes.
Lo anterior es el caso en seis estados de la República: Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, Puebla y probablemente sea el caso en otros estados durante los próximos meses.
Destacan en sobremanera las limitantes impuestas por el Congreso poblano, pues redujeron a 20 días el plazo para que los candidatos independientes obtengan las firmas necesarias, que en el caso del Gobernador, ascienden a más de 130,000.
Lamentablemente esto no es lo más grave, sino que cada ciudadano que desee apoyar la candidatura deberá acudir personalmente a las oficinas del Instituto Estatal Electoral de Puebla a plasmar su firma, absorber el costo de traslado respectivo y ausentarse del trabajo por una cantidad importante de horas.
¿Tendrá el órgano electoral la capacidad material para recibir las firmas de al menos 6,500 personas diarias (sin contabilizar quienes acudan a manifestar su apoyo a diputados y Ayuntamientos)? Yo lo dudo.
Antes estas reformas, Movimiento Ciudadano interpuso acciones de inconstitucionalidad en Veracruz y Chihuahua, mientras que en el caso de Baja California y Tamaulipas lo hicieron el PRD y PAN (partido que en el Congreso de Puebla, inconsistentemente votó a favor de la reforma), y en el caso poblano, la sociedad civil organizada ya presentó una solicitud ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que interponga dicho recurso jurídico.
En el caso de Tamaulipas, la Suprema Corte de Justicia recientemente resolvió el recurso interpuesto, en donde validó la exigencia de reunir al menos tres por ciento del padrón para que el candidato obtenga su registro como aspirante, así como la exigencia de que los candidatos independientes anexen las copias de la credencial de elector de todos los ciudadanos que apoyen su candidatura. Sin embargo, el requisito de que únicamente quienes firman por el candidato estén facultados para apoyarlos económicamente en su campaña, fue considerado inconstitucional y se invalidó.
Antes de que la ciudadanía arremeta contra el Poder Judicial, debe entenderse que su función recae únicamente en aplicar lo que las leyes disponen. Si los legisladores reforman nuestras normas y la Suprema Corte no advierte inconstitucionalidades, aunque el contenido de las mismas sea indeseable y represente un retroceso en términos democráticos, los culpables no son los ministros, sino los diputados, pues no les corresponde a ellos crear las leyes.
Estas reformas demuestran que otra vez nos tocó ser víctimas de la lógica equivocada. Si el de alado obtiene mejores resultados que uno, la respuesta no es eliminarlo de la competencia impidiendo que participe, sino trabajar en tener mejores aptitudes y desempeño que el otro, y entonces obtener los resultados con base en el mérito obtenido.
Parece que ante el mensaje enviado el 7 de junio, “preferimos al candidato independiente que a los que nos ofrecen los partidos políticos”, obtuvo una respuesta desafortunada. En vez de ser propositivos, superarse y recuperar la confianza que el pueblo ha perdido en ellos, para obtener mejores resultados electorales, su lógica fue: “Eliminemos a los candidatos independientes para que no les quede de otra a los ciudadanos.”
No queda más que decirles, sobre el espíritu popular plasmado en las urnas, partidos políticos, de nuevo entendieron mal.