Al ser compuesta nuestra Cámara de Diputados por la abrumadora cantidad de 500 legisladores, de entre los cuales doscientos son designados por la vía plurinominal y el resto por mayoría relativa, es natural que sea cuestionado, entre otras cuestiones, el costo que significa para la nación el alto sueldo y vastas prestaciones de las que gozan estos funcionarios, en oposición a la mínima cantidad de obligaciones que estos deben satisfacer, así como el muy controvertido nivel de eficiencia que demuestra este órgano en sus funciones.
El papel que ocupan los diputados plurinominales que componen la cámara es, sin duda alguna, más cuestionado que el de los diputados electos por mayoría simple, pues estos últimos son electos directamente por los ciudadanos y en dicho voto recae su legitimación, así como la formación hipotética de un mandato gobernante-gobernado en que los intereses de estos últimos son representados; pero en cambio, ¿en dónde encuentran su legitimación, y a quiénes representan estos doscientos diputados plurinominales?
El sostenido crecimiento exponencial de la población hace pragmáticamente imposible sostener una democracia ateniense. Ante esta realidad demográfica, se ha transitado a un sistema en el que asociaciones denominadas “partidos políticos”, ideados para defender un conjunto determinado de ideales, representativos de una fracción de la población, constituyen lo que debe de conocerse como un monopolio político, pues únicamente por medio de éstas se puede democráticamente ejercer la función pública y gobernar.
Este fenómeno demográfico, aunado a la inevitable dependencia en los partidos políticos para gobernar, resulta, las más de las veces, en el alejamiento de los políticos con respecto a las necesidades de la ciudadanía, mismas que los partidos debieran idealmente representar. El egoísmo político de nuestros presuntos representantes, en conjunto con este distanciamiento progresivo, ha ocasionado que de manera factual los ciudadanos hayan dejado de confiar en ellos, resultando en una verdadera partidocracia en la que la lucha entre partidos por el control de la nación y la satisfacción de sus propios intereses, desvinculados de las auténticas necesidades de la nación, resulta en su percepción de la ciudadanía como un instrumento más en su lucha por el poder.
Siendo este sistema de partidos la única alternativa democrática, más o menos viable, concebida hasta este momento, aunado a la apatía y conformismo que caracteriza a la masa de mexicanos en general, no queda más que indagar, respecto a nuestras muy limitadas opciones, cuál será el candidato menos comprometido con el partido que lo postula y que pudiera satisfacer algunas de las necesidades de un pueblo que agoniza en la pobreza y la desinformación.
Si inclusive resultan muy cuestionables los intereses que representan los políticos que son elegidos directamente por los ciudadanos, ¿qué intereses podrán aspirar a representar los designados en una lista que pasa por encima de una sanción popular?
Aunque la representación proporcional está ideada para representar los ideales de las minorías que integran la sociedad, en la praxis únicamente son representados los intereses políticos y económicos de un reducido número de individuos que componen las élites políticas que nos subyugan.
En una democracia constitucional como la mexicana, los políticos electos por la vía popular encuentran su legitimación en los ciudadanos por medio del sufragio popular y se entiende que sus intereses son representados por la persona a quien eligen. Es decir, los intereses del grupo elector se verán necesariamente representados –en mayor o menor medida– por el político que estos legitimaron; por lo menos en teoría. Este es el caso respecto a los diputados electos por mayoría simple.
Aunque la el esquema de representación es el mismo, no puede decirse que los diputados plurinominales representen al mismo grupo que los demás diputados pues, al encontrar los primeros su legitimación en un grupo diferente –el partido político que los designa– únicamente se ven moralmente obligados respecto a dicho grupo y no frente a la ciudadanía.
Debido a esta inextricable relación entre legitimación y representación política, así como el abandono de los intereses nacionales por los propios de los partidos políticos mexicanos, resulta difícil de negar que a quienes verdaderamente representan los diputados plurinominales son a sus propios partidos, inclusive en perjuicio del interés nacional; hecho que desvirtúa el propósito fundamental de todo órgano parlamentario moderno que se jacte como democrático: la representación política popular.
-Javier Náñez Pro