Una forma de protestar que no le agrada mucho a nuestros gobernantes en turno, por su accesibilidad para la ciudadanía y la consecuente efectividad que tiene para generarles presión, pudiendo llegar a representarles un fuerte contrapeso, son las manifestaciones públicas en las calles.
En relación a este tema, apenas antier el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada una minuta que, de ser aprobada de igual forma por el Senado y por la mayoría de las Entidades federativas, reformaría los artículos 11 y 73 de la Constitución para adicionar la movilidad universal a nuestro catálogo de derechos humanos.
Aunque el contenido normativo propuesto no restringe ni se contrapone de manera expresa a la libre expresión, reunión y manifestación, en las consideraciones de la minuta se establece que la propuesta de reforma procura, entre otras, regular el derecho de protesta social.
De forma muy sutil en el uso de la técnica legislativa, se propone limitar los derechos relacionados a la libre manifestación mediante el reconocimiento constitucional del derecho humano a movilizarse que tienen los no manifestantes sobre el espacio público.
Aunque en estos momentos es imposible saber las formas y mecanismos de restricción que se pretenden, éstos se harían evidentes cuando se proponga la Ley General de Movilidad que como consecuencia de esta reforma habría de expedirse.
A pesar de que hasta no conocer el contenido de esa ley general, no podemos saber si la limitación a la libertad de manifestación que nuestros legisladores tienen en mente será o no legítima, es inoportuno el contexto nacional en el que deciden darle trámite a una reforma de este corte.
Nos encontramos con el caso Tlatlaya en donde, después de un enfrentamiento, elementos del Ejército llevaron a las personas heridas a una bodega para ejecutarlas con sus propias armas y así evitar dejar evidencias de su propio crimen.
Con miles de desaparecidos encontrados en fosas, que nos ha convertido en noticia a nivel internacional, en donde destacan 43 estudiantes de Guerrero, en cuya tragedia participaron directamente los elementos de Policía y hasta el Presidente Municipal, pues tenían vínculos con la delincuencia organizada.
Con que la Primera Dama compró una casa de 86 millones de pesos, en cuya relación comercial forma parte fundamental Grupo Higa, conglomerado que ha ganado múltiples licitaciones bajo Gobiernos de su esposo, Enrique Peña Nieto.
Con un video en donde policías ministeriales, sin identificarse, vestidos de civiles, en posesión de armas largas y conduciendo un vehículo sin identificación policial, en plena luz del día "levantan" a un estudiante de la UNAM que participó en una manifestación, quien afirma que además de golpearlo, tuvieron el cinismo de decirle que lo iban a desaparecer como a los normalistas.
Con casos en los que el Gobierno envía elementos de seguridad pública de encubiertos a efectuar disturbios en las manifestaciones y así deslegitimar las protestas, como es evidenciado por un video publicado en internet.
En años no había existido más necesidad de protestar y manifestarse que la que tenemos en estos momentos, aunque el Gobierno haga de todo para detenerlo.
Si los problemas son los disturbios, la solución es tan fácil como identificar a esos grupos aislados que durante las manifestaciones cometen delitos de naturaleza violenta y proceder conforme a la ley penal sin violar sus derechos humanos.
Y en cambio dejar al resto de los manifestantes pacíficos, que son verdadero ejemplo de valor cívico y humano, que protesten sin ser afectados.
Un pueblo que no pueda expresar su descontento cuando hay razón para estarlo no puede más que convertirse en una bomba de tiempo.