Yo concibo el ejercicio del poder durante la historia en tres etapas.
En tiempos prehistóricos, cuando apenas surgía la humanidad y se formaban las primeras comunidades, como en la gran mayoría del resto de las especies, quienes contaban con la mayor superioridad física era quienes dominaban al resto: en ellos residía el poder. Naturalmente, el dominio de este grupo sobre el resto de la sociedad ocasionaba que éste gozara de privilegios y beneficios superiores que en algunas ocasiones eran hasta inexistentes para los demás.
Con el desarrollo de la inteligencia humana y la tecnología, la fuerza física dejó de ser la característica definitoria del poder, y hasta el siglo XVIII, lo fueron un selecto número de familias con grandes riquezas (monarcas, nobles y señores feudales), las cuales aumentaban su poderío económico a raíz de sus súbditos y el mismo era transmitido a sus descendientes por medio de herencia durante generaciones.
Es hasta finales del siglo XVIII cuando comienza a retomarse la idea de democracia originalmente acuñada por los antiguos griegos, en donde el poder y la soberanía residían en los pueblos, dando camino a una tercera etapa.
Durante estas primeras dos etapas de la historia podemos distinguir a dos grupos: el que se beneficiaba del status quo (los físicamente superiores en los primeros años de la humanidad y las familias ricas hasta el siglo XVIII), y quienes eran desfavorecidos por el mismo. Los primeros, reaccionarios y aversos a cualquier tipo de cambio que pudiera poner en riesgo su estatus privilegiado y los segundos, sufriendo de su condición social hasta el momento en que la injusticia y desigualdad es tan grande, que toman acciones definitivas para nivelar la balanza.
La idea de la democracia, o al menos así lo pensaron los teóricos, habría de bastar para terminar con los privilegios de los pequeños y selectos grupos de personas, y resultar en el bienestar general, pues el poder político ahora le era reconocida a todo el pueblo por igual, sin que características como el poderío económico o de otro tipo, hubieran de influir en su ejercicio.
Pareciera que la mera idea de la democracia, aunque considerablemente benéfica para estos efectos, no ha sido suficiente para terminar con los privilegios de pequeños grupos de personas.
Como en la mayoría de las democracias, incluyendo la mexicana, como el voto de todas las personas vale lo mismo, encontraríamos que los intereses del pueblo (o al menos los de la mayoría de sus integrantes) habrían de ser representados en el ejercicio del poder público a cargo de quienes elegimos para gobernar y resultar así en un bienestar generalizado para la mayoría de la población en los distintos niveles de gobierno.
¿Usted, lector, cree que exista un bienestar generalizado del que disfrutemos la mayoría de los mexicanos?
En el periodo 2010-2012, el CONEVAL nos dice que población en situación de pobreza aumentó a 53 millones de personas en 2012, que la población con al menos una carencia social (vivienda, alimentación, salud y acceso a seguro social) es de 87 millones de mexicanos, representando el 74% de toda la población y que la población que percibe un ingreso inferior a la línea de bienestar ascendió durante este periodo a más de 60 millones de mexicanos. Esto no sólo es alarmante por la cantidad de personas en situaciones adversas, sino que la tendencia es que este número siga en aumento. Esto no habría de ser una sorpresa, pues además de que de entre 113 países, el nuestro tiene el octavo puesto de salarios mínimos más bajos respecto a su nivel de riqueza, y el más bajo de entre los países de la OCDE respecto a su productividad laboral.
Aunado a lo anterior, encontramos que México presenta el nivel de ingreso per cápita más bajo de la OCDE, y ocupa el segundo lugar en desigualdad social con un coeficiente de Gino de 0,46. Lo anterior está correlacionado al hecho de que el gasto público mexicano a combatir estas cifras (protección social) es también el más bajo de toda la OCDE, siendo tres veces inferior al de la media del grupo.
La conclusión es innegable. La gran mayoría del pueblo mexicano vive en situaciones que no pueden ser calificadas más que de deplorables. Parecería que quienes son electos por esta gran mayoría poblacional no se han avocado a luchar por los intereses de sus electores, sino todo lo contrario, pues su situación está empeorando a medida que transcurren los años.
Lo anterior deja una incógnita: ¿Por qué el grueso de la población mexicana no es la primera beneficiada por el actuar gubernamental, políticas públicas y ejercicio del poder en general, en congruencia con los ideales democráticos que presumimos practicar?
Nos encontramos con un grupo de oligarcas cuyas ventajas injustas, beneficios y privilegios, son la agenda principal de nuestro gobierno. Así se demuestra cuando nuestros políticos permiten a las grandes empresas operar monopólicamente e impedir la entrada de nuevos competidores, inhibiendo la innovación tecnológica y encareciéndoles todos los productos a los consumidores. Así se demuestra cuando con dinero público, contribuido por todos y cada uno de nosotros, los mexicanos, se mantienen las pensiones y salarios millonarios de los sindicatos de Pemex y la CFE, mientras que los precios de los energéticos siguen en aumento al día de hoy. Así se demuestra cuando se aprueban reformas financieras que en vez de limitar las tasas de interés desmedidas y comisiones excesivas que se nos imponen, les facilitan el cobro de nuestras deudas para poder rematar nuestro patrimonio. Así se demuestra cuando algunos de nuestros políticos, algunos con más descaro y cinismo que otros, se roban el dinero que pagamos por medio de impuestos, trabajando honestamente, para comprar mansiones, yates y autos de lujo, y jamás vemos a ninguno de ellos tras las rejas.
A pesar de nuestra democracia, son innegables las ventajas injustas y políticas públicas que favorecen intereses particulares, exhibiendo a los servidores públicos como empleados de los intereses de los poderosos.
Vivimos en un país en el que siempre ganan los mismos y que año con año luchan para conservar sus privilegios y beneficios. Luchan por perpetuar el status quo e inhibir el cambio, tal como históricamente lo hicieron los más fuertes cuando la fuerza física les otorgaba poder y los nobles cuando su riqueza y tecnología les permitía subyugar a los demás.
No debe quedarle duda al pueblo mexicano, que no es más que despreciado por las personas en quien deposita su confianza por medio del voto, que un cambio en la forma de gobernar es imperiosamente necesario.
A diferencia de tiempos remotos, mientras que las acciones definitivas para cambiar el régimen en esos tiempos eran necesariamente violentas, nos encontramos con que uno de los beneficios de nuestro sistema democrático es que podemos llegar al mismo resultado sin derramar una gota de sangre. Enseguida expongo la acción que considero ser más plausible para lograr el cambio.
Debido al municipio en el que vivo, nunca he tenido representantes, en los tres órdenes de gobierno, que no sean del PRI o del PAN en mi vida. No me gusta lo que han hecho con mi México, no me gusta lo que han hecho con mi Estado y tampoco con mi ciudad. La Constitución me permite votar por una opción que implique desafiar el status quo, los privilegios de las minorías y la impunidad, y eso es precisamente lo que voy a hacer el día de las elecciones: No votaré por ninguno de estos partidos.
Ya sea por los recientemente incorporados candidatos independientes, los nuevos partidos políticos o los viejos que aún no se han vendido a grupos minoritarios de poder que luchan por preservar el status quo, yo los invito a que rechacen esta forma en la que se nos ha gobernado durante décadas y dejen de votar por los partidos políticos que a diario se burlan de nosotros los mexicanos, que debido a la misma pobreza que por ellos padecemos, vendemos nuestro voto por migajas de lo que verdaderamente nos corresponde.
No habrá queja que valga después, porque si seguimos votando por este gobierno corrupto, es sólo porque nos lo merecemos.