Se termina el controvertido sexenio de Felipe Calderón, no sin antes estrenarse la recién adicionada facultad presidencial de enviar hasta dos iniciativas con carácter de preferentes al Congreso de la Unión por cada periodo ordinario de sesiones.
De entre las dos iniciativas enviadas, es de nuestro interés la que reformaría una Ley Federal del Trabajo que tiene más de treinta años de no percibir una reforma integral.
Conflictos laborales a través de los años, lagunas jurídicas y disposiciones inconstitucionales han demostrado que el Derecho del Trabajo en México se alejado en demasía de la praxis, por lo que resulta imperioso hacerle frente a la situación.
Existe un poder desmedido y en constante aumento por parte de sindicatos, que a pesar de sus tintes antidemocráticos, la ley protege; existen simulaciones por parte de los patrones frente a sus trabajadores en las se violentan sus derechos, sin mayor impedimento que explotar deficiencias de nuestra legislación; e incluso, en ocasiones los mismos trabajadores abusan de las normas jurídicas regidoras de las relaciones laborales.
Aunque el documento remitido por el Ejecutivo contiene algunos aspectos positivos, tales como la transparencia y democratización de los sindicatos, el fortalecimiento de los derechos de la mujer trabajadora y la exigencia de cédula profesional a quienes representen a las partes en los procesos laborales; deja de lado problemáticas fundamentales: No modifica el sistema de justicia laboral, sustentado en órganos parciales e ineficientes, como lo son las Juntas de Conciliación y Arbitraje; remueve la carga de la lentitud de los juicios por despido injustificado a los patrones y la transfiere a los trabajadores, en vez de proponer métodos eficaces para agilizar los procedimientos de las Juntas; no trata la problemática de los salarios mínimos, mismos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza; y no propende a disminuir la precariedad laboral –que ha ido en constante acenso–, sino que incluso la agudiza de manera alarmante, fomentando la flexibilización laboral, legalizando el ”outsourcing” e implementando la figura del contrato a prueba, mismo que dejaría al arbitrio del patrón la situación laboral de sus trabajadores, dejando una excesiva posibilidad de abuso.
Un aspecto esencial, si no es que el más importante de la iniciativa propuesta, es el referente a los sindicatos. Se prevé el voto libre, directo y secreto en la elección de los directivos sindicales, obliga a los sindicatos a dar cuenta de la administración de su patrimonio en donde esté delimitado por lo menos el destino que le dan a sus ingresos, prevé la existencia de un auditor externo que revise las cuentas del sindicato cuando éste se integre por más de 150 agremiados y finalmente lo obliga a la publicación de los registros sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo depositados ante autoridades laborales.
No obstante los evidentes beneficios que resultarían de la democratización, transparencia, y rendición de cuentas a los trabajadores, la unión de los diputados del PRI y su anexo, el Partido Verde Ecologista, se impusieron ante Acción Nacional y un dividido PRD que, a pesar de tener los números para detener la alianza PRI-PVEM, se caracterizó por la ausencia de la mitad de sus diputados al momento de la votación respecto a la transparencia y democracia sindical. Resultando lo previo en una minuta que, a pesar de limitar la subcontratación y la controvertida modalidad del pago por hora, permite un manejo casi ilimitado de los recursos del sindicato a líderes que no tendrán que ser electos mediante el voto directo y secreto de sus agremiados.
Ahora que se encuentra en manos de los senadores el destino de la reforma, la fracción del PRI se dispone a aprobarla sin modificaciones, mientras que Acción Nacional y el Frente Legislativo Progresista (FLP), representantes de intereses de derecha e izquierda, respectivamente, dicen coincidir respecto a la lucha por la democracia, transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos.
No sería de sorprender que a pesar del pronunciamiento de los dirigentes de las fracciones del PAN y del FLP respecto a la transparencia, democracia y rendición de cuentas de los sindicatos, no lograran detener el opositor impulso priísta, pues no obstante que cuenten con los números para imponerse al PRI-PVEM (66 a 62), es de saberse que algunos integrantes del FLP deben sus lealtades a distintos dirigentes sindicales que se oponen a rendir cuentas a sus trabajadores.
En un plano secundario, ajeno a la controversia política-sindical, nos encontramos con que la lucha de clases expuesta por Marx, continúa teniendo vigencia. Acción Nacional defiende los intereses del sector empresarial, mientras que los partidos de izquierda los trabajadores. Resulta esencial que un sector no puede sobrevivir sin el otro, pues se encuentran en una relación de mutua dependencia, pero ¿en dónde se encuentra el balance?
Favorece en exceso a los trabajadores y las empresas mexicanas quedan fuera del mercado global, la inversión extranjera se extingue y como consecuencia, se dispara la tasa de desempleo. Considera únicamente la producción del capital en perjuicio de los trabajadores y la desigualdad social aumenta, se incrementan los índices de delincuencia y se genera un retroceso político resultante en un opresivo imperialismo oligopólico.
El fomento a la flexibilización laboral, la legalización del ”outsourcing”, con todas sus implicaciones, y la implementación de la figura del contrato a prueba, ¿aportan al balance entre clases o suprime los intereses de una en pro de la otra?
Con el ámbito sindical suprimido de la reforma laboral, resultaría ésta insuficiente y perdería su carácter de “estructural”. Se dejarían desatendidos los grandes problemas laborales de alto impacto político, social y económico, y se reduce la reforma laboral a un golpe capitalista más que resultará en un sector empresarial con menos obligaciones frente a un sector trabajador cada vez más precario que de manera progresiva pierde derechos; traducido el previo sacrificio indefectible de los trabajadores en un atentado a la estabilidad laboral en favor de una mayor competencia corporativa, de manera paralela a la estimulación a la inversión extranjera.
¿En dónde están los sindicatos para proteger los derechos de sus trabajadores frente a los patrones? ¿Cómo van a defender a sus trabajadores los líderes sindicales contra ellos mismos con tan tremendo conflicto de interés de por medio?
En las próximas semanas se definirá el futuro de los trabajadores de México en la Cámara de Senadores. ¿Podrán los trabajadores prevalecer cuando los poderosos patrones y dirigentes sindicales se alían en su contra? Desafortunadamente, no pinta bien para ellos.
-Javier Náñez Pro
De entre las dos iniciativas enviadas, es de nuestro interés la que reformaría una Ley Federal del Trabajo que tiene más de treinta años de no percibir una reforma integral.
Conflictos laborales a través de los años, lagunas jurídicas y disposiciones inconstitucionales han demostrado que el Derecho del Trabajo en México se alejado en demasía de la praxis, por lo que resulta imperioso hacerle frente a la situación.
Existe un poder desmedido y en constante aumento por parte de sindicatos, que a pesar de sus tintes antidemocráticos, la ley protege; existen simulaciones por parte de los patrones frente a sus trabajadores en las se violentan sus derechos, sin mayor impedimento que explotar deficiencias de nuestra legislación; e incluso, en ocasiones los mismos trabajadores abusan de las normas jurídicas regidoras de las relaciones laborales.
Aunque el documento remitido por el Ejecutivo contiene algunos aspectos positivos, tales como la transparencia y democratización de los sindicatos, el fortalecimiento de los derechos de la mujer trabajadora y la exigencia de cédula profesional a quienes representen a las partes en los procesos laborales; deja de lado problemáticas fundamentales: No modifica el sistema de justicia laboral, sustentado en órganos parciales e ineficientes, como lo son las Juntas de Conciliación y Arbitraje; remueve la carga de la lentitud de los juicios por despido injustificado a los patrones y la transfiere a los trabajadores, en vez de proponer métodos eficaces para agilizar los procedimientos de las Juntas; no trata la problemática de los salarios mínimos, mismos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza; y no propende a disminuir la precariedad laboral –que ha ido en constante acenso–, sino que incluso la agudiza de manera alarmante, fomentando la flexibilización laboral, legalizando el ”outsourcing” e implementando la figura del contrato a prueba, mismo que dejaría al arbitrio del patrón la situación laboral de sus trabajadores, dejando una excesiva posibilidad de abuso.
Un aspecto esencial, si no es que el más importante de la iniciativa propuesta, es el referente a los sindicatos. Se prevé el voto libre, directo y secreto en la elección de los directivos sindicales, obliga a los sindicatos a dar cuenta de la administración de su patrimonio en donde esté delimitado por lo menos el destino que le dan a sus ingresos, prevé la existencia de un auditor externo que revise las cuentas del sindicato cuando éste se integre por más de 150 agremiados y finalmente lo obliga a la publicación de los registros sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo depositados ante autoridades laborales.
No obstante los evidentes beneficios que resultarían de la democratización, transparencia, y rendición de cuentas a los trabajadores, la unión de los diputados del PRI y su anexo, el Partido Verde Ecologista, se impusieron ante Acción Nacional y un dividido PRD que, a pesar de tener los números para detener la alianza PRI-PVEM, se caracterizó por la ausencia de la mitad de sus diputados al momento de la votación respecto a la transparencia y democracia sindical. Resultando lo previo en una minuta que, a pesar de limitar la subcontratación y la controvertida modalidad del pago por hora, permite un manejo casi ilimitado de los recursos del sindicato a líderes que no tendrán que ser electos mediante el voto directo y secreto de sus agremiados.
Ahora que se encuentra en manos de los senadores el destino de la reforma, la fracción del PRI se dispone a aprobarla sin modificaciones, mientras que Acción Nacional y el Frente Legislativo Progresista (FLP), representantes de intereses de derecha e izquierda, respectivamente, dicen coincidir respecto a la lucha por la democracia, transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos.
No sería de sorprender que a pesar del pronunciamiento de los dirigentes de las fracciones del PAN y del FLP respecto a la transparencia, democracia y rendición de cuentas de los sindicatos, no lograran detener el opositor impulso priísta, pues no obstante que cuenten con los números para imponerse al PRI-PVEM (66 a 62), es de saberse que algunos integrantes del FLP deben sus lealtades a distintos dirigentes sindicales que se oponen a rendir cuentas a sus trabajadores.
En un plano secundario, ajeno a la controversia política-sindical, nos encontramos con que la lucha de clases expuesta por Marx, continúa teniendo vigencia. Acción Nacional defiende los intereses del sector empresarial, mientras que los partidos de izquierda los trabajadores. Resulta esencial que un sector no puede sobrevivir sin el otro, pues se encuentran en una relación de mutua dependencia, pero ¿en dónde se encuentra el balance?
Favorece en exceso a los trabajadores y las empresas mexicanas quedan fuera del mercado global, la inversión extranjera se extingue y como consecuencia, se dispara la tasa de desempleo. Considera únicamente la producción del capital en perjuicio de los trabajadores y la desigualdad social aumenta, se incrementan los índices de delincuencia y se genera un retroceso político resultante en un opresivo imperialismo oligopólico.
El fomento a la flexibilización laboral, la legalización del ”outsourcing”, con todas sus implicaciones, y la implementación de la figura del contrato a prueba, ¿aportan al balance entre clases o suprime los intereses de una en pro de la otra?
Con el ámbito sindical suprimido de la reforma laboral, resultaría ésta insuficiente y perdería su carácter de “estructural”. Se dejarían desatendidos los grandes problemas laborales de alto impacto político, social y económico, y se reduce la reforma laboral a un golpe capitalista más que resultará en un sector empresarial con menos obligaciones frente a un sector trabajador cada vez más precario que de manera progresiva pierde derechos; traducido el previo sacrificio indefectible de los trabajadores en un atentado a la estabilidad laboral en favor de una mayor competencia corporativa, de manera paralela a la estimulación a la inversión extranjera.
¿En dónde están los sindicatos para proteger los derechos de sus trabajadores frente a los patrones? ¿Cómo van a defender a sus trabajadores los líderes sindicales contra ellos mismos con tan tremendo conflicto de interés de por medio?
En las próximas semanas se definirá el futuro de los trabajadores de México en la Cámara de Senadores. ¿Podrán los trabajadores prevalecer cuando los poderosos patrones y dirigentes sindicales se alían en su contra? Desafortunadamente, no pinta bien para ellos.
-Javier Náñez Pro
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